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La medida fue ratificada a pesar de la oposición de los abogados de la querella.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, a Brenda Uliarte y a Nicolás Carrizo por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina, ocurrido el 1 de septiembre pasado.
La jueza dejó de lado la oposición de la vicepresidenta a la elevación a juicio al sostener que sus observaciones, relacionadas con la imputación que realiza sobre el diputado del Pro Gerardo Milman, “no son novedosas” y ya fueron objeto de investigación.
El tribunal oral federal sorteado es el número 6, que no tiene jueces titulares. Hoy lo integran los jueces Sabrina Namer, Daniel Oligado e Ignacio Fornari, todos subrogantes.
Cristina entendió que restaban medidas de prueba para esclarecer el caso y que no correspondía elevar “por tramos” el expediente, ya que eso “daña el descubrimiento de la verdad”. Sin embargo, dijo que si rechazaban este pedido, de todos modos iba a acusar a los tres detenidos. Esta solicitud tiene su asidero en que si la querella no mantenía la acusación ahora, no iba a poder intervenir como acusadora en el juicio oral.
La querella objetó que no se conocen las motivaciones de los detenidos para realizar el ataque y pidió profundizar la pista sobre Milman, sobre las comunicaciones de los acusados y sobre la agrupación Revolución Federal.
La jueza Capuchetti contestó que se realizaron medidas de prueba sobre estas líneas de investigación. “Las cuestiones que ha traído a colación la acusación privada para oponerse a la elevación a juicio no resultan novedosas. Indistintamente, las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento jurisdiccional”, dijo y recordó que incluso esto fue revisado por la Cámara Federal.
La jueza dijo que se analizó de manera sistemática esta evidencia y que “no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
Se apoyó Capuchetti en que la causa está delegada en el fiscal Carlos Rívolo, que propició la elevación a juicio, y dijo que las medidas que la vicepresidenta propone podrían hacerse en ese ámbito. Sin embargo, puntualizó que el fiscal analizó el asunto y decidió no realizarlas.
Rívolo se pronunció la semana pasada a favor del avance de la causa, sin expedirse en torno a la “oposición de la querella”, basada en medidas que son propias de sus facultades.
Recordó Capuchetti que el fiscal Rívolo dijo que no hay indicios de que el ataque tuviera motivaciones políticas o un financiamiento externo. “Hasta el momento la prueba impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”, escribió el fiscal y reprodujo la jueza.
“Más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, recordó
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