Esta semana comienza una nueva ronda de debate por la Ley Ómnibus

 

 

 

Los artículos más conflictivos para los representantes provinciales continúan siendo la delegación de facultades al Ejecutivo Nacional, el capítulo de las privatizaciones y el aval para nuevos endeudamientos con organismos internacionales sin revisión previa.

Mañana se reanudará el debate en el Congreso de la Nación por el proyecto de Ley Ómnibus. Esta vez se contemplarán los artículos más conflictivos como el capítulo de las privatizaciones y las facultades delegadas. Los gobernadores pujan por la copartipación del Impuesto PAIS. En Corrientes, los posicionamientos fueron muy marcados y pareciera que se mantendrá la división entre quienes rechazan a pleno y los dialoguistas.

Con 144 a favor y 109 en contra, el proyecto de Ley de Bases obtuvo media sanción en general de la Cámara de Diputados de la Nación. Los argumentos esgrimidos por los correntinos, que se dividieron en dos, incluyeron entre los que rechazaron la propuesta del Ejecutivo Nacional por no presentar «mejoras para Corrientes», y quienes expusieron una visión moderada para dar un instrumento al Gobierno de Javier Milei.

En el medio, se mantuvo la pulseada con los gobernadores. El propio Presidente tildó de «extorsionadores» a los dialoguistas. Los chisporroteos se aceleraron con el pedido de los mandatarios de coparticipar el Impuesto PAÍS, que en enero ya tuvo una recaudación en alza del 25%. Esto, como mecanismo de compensación de la reducción de la masa coparticipable de Ganancias, fue realizado durante la campaña presidencial de Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría.

Sin embargo, algunas provincias judicializaron la norma por la no afectación de recursos federales automáticos sin previa consulta. Estas fueron Mendoza y Corrientes. El gobernador, Gustavo Valdés, había señalado que se mantiene el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es que tampoco hay un consenso fiscal que frene a las provincias en avanzar con demandas judiciales contra el Estado nacional. Este acuerdo es uno de los pedidos del Mandatario al Ejecutivo Nacional.

Debate

 

Mientras tanto, el debate parlamentario de los artículos en particular continuará mañana cuando los diputados regresen de su cuarto intermedio. Los puntos que más conflictos generan son la delegación de las facultades al Ejecutivo Nacional, como así, el capítulo de las privatizaciones, norma que otorgaría de dólares al Tesoro.

Los sindicatos docentes, a su vez, reclaman la eliminación del capítulo educativo ya que impactaría en derechos laborales, la paritaria nacional y los fondos que se destinan a las jurisdicciones para programas y salarios (ver página 7).

En cuanto a la delegación de facultades, estas pasaron de once a seis. Estas serían en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Se quitaría de la ecuación a los superpoderes, en lo fiscal, previsional, en defensa, sanitaria y social. Las facultades regirían por un año con posibilidad prórroga por otro.

Desde las bancadas dialoguistas como la UCR y Hacemos Coalición Federal, quienes trabajaron en garantizar la aprobación en general, ahora mantienen sus reparos en artículos en particular como la delegación, las privatizaciones y la posibilidad de habilitar al Ejecutivo el endeudamiento internacional sin revisión previa del Congreso. Se trata de la derogación de la llamada Ley Guzman que intentaba frenar una toma de crédito similar a la que contrajo Argentina con el FMI.

Por otra parte, de los siete diputados nacionales por Corrientes, los tres integrantes del bloque Unión por la Patria rechazarán el articulado de la iniciativa. Esta postura se fundamenta en que no se plantearían «mejoras para la provincia».

El legislador correntino de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, respaldará la propuesta en su totalidad. Mientras que la discusión sopesará sobre los tres diputados del oficialismo provincial, entre la visión del PRO y de la UCR que conforman el espacio.

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