Diputados le dio luz verde al juicio político a la Corte

 

 

El kirchnerismo impuso números y dio un paso más en su embestida.

El Frente de Todos (FdT) consiguió ayer aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.

Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.

La reunión de la comisión se inició poco antes de las 11.30 y tras las exposiciones de las tres propuestas de dictamen se acordó someter el tema a votación a las 15, para luego continuar con los discursos de otros diputados.

Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución que finalmente se impuso admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.

En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes que “solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

“Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”, apunta el texto.

El escrito indica también que “el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”.

A continuación, el interbloque JxC presentó su propuesta de inadmisibilidad en la que señaló que “el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.

Un plan para “disciplinar jueces

En minoría, los 14 representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados rechazaron in límine los pedidos de enjuiciamiento contra los ministros de la Corte Suprema.

Advirtieron que el oficialismo pretende, con este proceso, “alterar el orden democrático y disciplinar a los jueces por el contenido de ciertas sentencias que incomodan al Poder Ejecutivo”.

“El juicio político es una herramienta constitucional de control, pero no puede ser utilizada como un factor de distorsión institucional activado a libre demanda de las conveniencias coyunturales de facciones políticas que, en el caso de los jueces, pretenda, a su vez, operar como un eficaz y peligroso correctivo disciplinador”, expresaron.

Por otro lado, los diputados Juan López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, insistieron en mantener el caso contra Lorenzetti.

Frenaron la entrega de tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso de queja del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La causa se inició el 15 de octubre de 2020 con un pedido de nulidad a través de un amparo interpuesto por Emilio Friedrich, propietario de tierras en Bariloche, contra la norma emitida por el Inai, cuyo articulado reconocía “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche” respecto de una superficie de 481 hectáreas con asiento en Bariloche, dentro de la cual el actor alegaba poseer un predio de 92 hectáreas conocido como “Pampa de Buenuleo”.

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