Definen detalles de los debates presidenciales del 1 y el 8 de octubre

 

 

La Justicia Electoral realizó este jueves la primera reunión con los representantes de los candidatos presidenciales, donde les presentó una propuesta con las características que tendrán los debates obligatorios que se realizarán los domingos 1 y 8 de octubre, en un centro de convenciones de Santiago del Estero y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, anunció algunas de las propuestas que le presentaron a los representantes de los cinco candidatos presidenciales, para debatir sobre seis ejes temáticos -tres en cada fecha-, con parejas de moderadores en cada debate.

Además de los tradicionales temas sobre los que planean debatir, como Economía, Seguridad y Relaciones Exteriores, entre otros, una de las propuestas es que haya preguntas escritas de la gente, preseleccionadas, que se sacarían por sorteo en el momento del debate para que respondan los candidatos.

También habría mayor interacción entre los candidatos presidenciales, con repreguntas entre ellos y que haya derecho a réplica, por fuera del sistema rígido que hubo en los anteriores debates de 2015 y 2019.

Y se les planteó que los moderadores sean dos periodistas de televisión abierta con experiencia en transmisiones masivas (un hombre y una mujer) y que no se repita el mismo dueto en cada debate.

Los representantes de los candidatos analizarán estas propuestas y en los próximos días tendrán que llegar a acuerdos con el Consejo Asesor del Debate Presidencial, para definir los temas y la mecánica que tendrán los debates.

«El Consejo Asesor presentó propuestas para que el debate sea más dinámico. Están trabajando con los representantes de los candidatos sobre la modalidad del debate y donde no hubiera acuerdo intervendrá esta Cámara», dijo Dalla Vía en una conferencia de prensa, en la sede de la Cámara, donde estuvo acompañado por los jueces de Cámara, Santiago Corcuera y Daniel Bejas.

Se trata de «un debate institucional. Es un bien público, porque surgió de la sociedad civil y hoy está incorporado al proceso electoral porque se sancionó una ley. Por eso, el candidato que no participe será sancionado con la pérdida del aporte público y tendrá un atril vacío durante el debate», agregó Dalla Vía.

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