Carrió denunció al Gobierno por controles de precios con sindicalistas de Camioneros

 

 

 

“Están quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales”, aseguró la líder de la Coalición Cívica.

 

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente a Alberto Fernández, Sergio Massa y Matías Tombolini, por enviar a sindicalistas de Camioneros a controlar precios en supermercados para combatir la inflación. En el escrito, al que accedió La Nación, Carrió y los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade acusan al Presidente, al ministro de Economía y al secretario de Comercio Interior por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

“Massa, Tombolini y Fernández están quebrando el estado de derecho incitando a la violencia y creando grupos parapoliciales. Hoy se hace la denuncia penal”, había anunciado Carrió ayer en Twitter.

En la denuncia penal, Carrió, Ferraro y Frade advierten que “los grupos paraestatales tiene una larga tradición” en el país, donde mencionan desde los “delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado, como la triple A, hasta grupos de choque que actúan en patota”, lugar en el que inscriben el accionar de “núcleos sindicales o gremiales e instituciones vinculadas al fútbol de ligas profesionales”. En esa línea, advierten que “las acciones de apriete y amedrentamiento de Sergio Massa y Matías Tombolini se inscriben en una tradición y esquemas de violencias organizadas y orientadas al control de un núcleo de poder”.

Junto a la denuncia, los dirigentes de la Coalición Cívica solicitaron una medida cautelar de no innovar para que Economía y Comercio “se abstengan de convocar” a organizaciones sindicales, sociales o políticas para controlar el cumplimiento de Precios Cuidados.

“La organización sindical no tiene legitimación alguna dentro de las funciones que le asigna la Ley 23.551 para ejercer tareas de naturaleza fiscalizadora en materia de precios. Por lo tanto, la acción directa sobre la fiscalización denunciada significa una intromisión ilegal en el libre ejercicio del comercio previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional”, advierte la denuncia, que apunta directamente al sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano: “El gremio elegido tiene las características de contar con actores violentos, lo que aseguraría la ‘garantía’, por la intimidación y la fuerza irregular, del cumplimiento de la decisión del Gobierno”.

Además de pedir una cautelar para evitar la posible comisión de delitos, la denuncia de Carrió plantea que el pedido de no innovar se justifica también porque cualquier intervención sindical o de organizaciones piqueteras atentará contra la aplicación de los controles por el propio Estado. “Esta nulidad procedimental, además de ilegal por paraestatal; propendería a la imposibilidad de aplicar multas y/o sanciones para eventuales incumplimientos de los supermercadistas; fundados en esos atropellos”, advierten.

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